Empresas privadas monitorearán expropiación de derecho de vía para nueva carretera

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) federal invitó a cuatro empresas a monitorear el proceso de expropiación de terrenos para el derecho de vía y áreas adicionales de la carretera Barranca Larga-Ventanilla que conectará la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido.

La inauguración de la carretera de 103 kilómetros ahora está prevista para diciembre.

Hasta esta semana, la agencia estima que el proyecto tiene un avance de 83.9%. Con una inversión de 8,300 millones de pesos, la nueva carretera contará con 10 puentes, tres túneles, dos casetas de peaje, dos viaductos y 15 entronques, beneficiando a más de 100,000 habitantes de 11 comunidades y la actividad turística de la región.

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Según la SICT, las comunidades donde se realizarán las expropiaciones ya acordadas son Santa María Colotepec, San Francisco Coatlán y Santa Catarina Coatlán.

El proyecto fue concesionado en 2009 a una subsidiaria de Grupo Omega y en 2012 fue transferido a ICA. Tras el incumplimiento de compromisos de esta última, en 2017 fue asignado al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que tiene la tarea de terminarlo este año (habiendo dividido las obras en cuatro tramos, eligiendo mediante licitaciones a las firmas Mota Engil, Coconal, Vise y Grupo Rubio).

Algunas de las labores que realizará la empresa encargada de dar seguimiento a las labores de expropiación, iniciadas durante la actual administración federal, son la identificación y levantamiento de campo de los linderos en cada zona, la investigación y deslinde topográfico de los predios afectados y la replanificación de el trazado proyectado de las áreas expropiadas.

Mayran Ingeniería y Construcción, Construcción y Consultoría en Obras y Servicios, Temacsa Ingeniería y Lordaneli Consultoría e Ingeniería son las empresas invitadas por la SICT a participar. La fecha de entrega de propuestas técnicas y económicas es el 27 de octubre.

Pese a las expectativas de concluir en los próximos dos meses, el programa de trabajo establecido por la SICT especifica que “se debe considerar que el estudio se realizará en un plazo de 60 días naturales, con fecha estimada de inicio el 1 de noviembre de 2022”. . . ”

Esto indica que el proceso de expropiación se completará en el momento en que se concluya la carretera.

Dado un deficiente historial de cumplimiento de las fechas de finalización programadas, es más probable que la carretera sea terminada en algún momento de 2023.

El presidente López Obrador dijo a principios de este mes que la carretera podría estar operativa a fines de noviembre, pero solo si se resuelven las disputas agrarias de larga data entre los municipios de San Vicente Coatlán y Sola de Vega.

Es una esperanza ambiciosa dado que el conflicto data de al menos 47 años.

Con informes de El Economista

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